Las masacres y el reclutamiento de niños y niñas reflejan una grave violación de los derechos de la niñez y la juventud.

Taller Abierto, centro de promoción integral para la mujer y la familia, rechaza el asesinato de niños, niñas y adolescentes y la afirmación del ministro de defensa Sr. Diego Molano, al nombrar menores de edad como “máquinas de guerra” a través de diversos medios de comunicación por lo sucedido en el bombardeo militar, en el sitio conocido como Buenos Aires, en Calamar, Guaviare donde se dio muerte a 12 niños, niñas y adolescentes. Ya el grupo armado los convirtió en víctimas y el Gobierno nacional los revictimiza con sus declaraciones.

Lo sucedido revive el hecho del mes de agosto del 2019 donde por una labor "estratégica, meticulosa e impecable" en palabras del Sr presidente Iván Duque Márquez, las fuerzas militares asesinaron a 7 menores de edad en el departamento del Caquetá; que se repita la historia deje evidenciar que el Gobierno nacional no atiende los principios de protección de los niños y las niñas en el conflicto armado y basados en los principios del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y los Derechos Humanos que concuerdan en considerar a niñas, niños y adolescentes vinculados a grupos armados como víctimas, así como, la obligación de la fuerza pública en materia de DIH acogerse a los principios de proporcionalidad, precaución y distinción que les asiste y los llama a tener en cuenta a la población civil y en particular a los sujetos de especial protección como lo son los niños y las niñas.

Los hechos son el resultado, en un primer orden de responsabilidad directa de los grupos armados por vincular a menores de edad al conflicto armado, pero en el trasfondo y la responsabilidad principal es del Estado colombiano porque tiene obligaciones internacionales y nacionales en proteger a los niños y niñas de no ser vinculados al conflicto armado que están ratificado en los instrumentos de protección de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Infancia y Adolescencia, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil consagrados en la constitución política de Colombia.

Se hace un llamado al Gobierno nacional para que cumpla las normas y obligaciones adquiridas a nivel internacional y nacional que ofrece protección, atención y apoyo a los derechos de la infancia. El Estado colombiano al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales, para eliminar los abusos y la explotación cada vez mayor de los niños y niñas que tienen derecho a vivir en un ambiente sano, con oportunidades y en paz.

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